Hoy el presidente de la República inició su tradicional discurso con el tema educativo, basado en su preocupación por el futuro de “nuestros hijos”. Justamente, esta nota trata sobre los hijos que no podrán gozar de ese futuro porque ya no están. Porque murieron en medio de conflictos sociales que estallaron durante el gobierno del presidente Ollanta Humala. 

Piura – abril de 2012 

Carlos Alberto Ramos Carmen murió cinco días antes de cumplir 16 años. Una bala le atravesó el cráneo cuando se encontraba en medio de una protesta de pescadores en Paita, Piura. Tras el impacto, Carlos padeció muerte cerebral. Para "evitar el sufrimiento”, sus padres tomaron la difícil decisión de desconectarlo del respirador artificial. 

Aquel oscuro 26 de abril, los pescadores protestaban para que el gobierno les permita pescar mayor cantidad de merluzas (ampliación de cuota). Debido a la indiferencia del gobierno percibida por los manifestantes, bloquearon la carretera Panamericana e intentaron tomar la comisaría de la zona. La Policía respondió con bombas lacrimógenas, gas pimienta y disparos al aire.

Al día siguiente, el gobierno les amplió la cuota de pesca. Cuota que les habían prometido ampliar para el 17 de dicho mes, es decir, nueve días antes de la muerte del menor.

Cajamarca – julio 2012 

Gilmer César Medina Aguilar tenía 16 años cuando funestamente una bala también le alcanzó a la altura de la cabeza. Él fue una de las cinco víctimas mortales de las protestas contra el proyecto minero Conga. Según palabras de su madre Maximiliana, Gilmer era un destacado alumno de la zona. Ella padecía de epilepsia y vivía en una casa alquilada junto a sus otros tres hijos. “Debí quitarme con él”, se lamentó. 

A pesar de que en un inicio intentó negarse que el menor había fallecido por un impacto de bala, los exámenes médicos contradijeron dichas versiones: “la muerte fue causada por un proyectil disparado por arma de fuego”.

El conflicto en Cajamarca explotó cuando Yanacocha, empresa sancionada por infringir las normas ambientales, empezó el proyecto minero Conga, consistente en drenar 3 lagunas ubicadas en las cabeceras de cuenca. Días después, también se encontró que el Informe de Impacto Ambiental del proyecto tenía irregularidades.

El dirigente cajamarquino Milton Sánchez declaró que envió sin éxito una carta al Presidente para exigir justicia. Tras la denuncia correspondiente, aquel 6 de julio se iniciaron las diligencias preliminares por presunto delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud. Hoy no hay noticias del caso.

Junín - setiembre 2012

Luego de la aparición de la primera dama, Nadine Heredia, y de la actual premier, Ana Jara, cargando dos niños “rescatados del terrorismo”, se supo que una niña de 9 años no tuvo la suerte de ser cargada por tales autoridades. Zoraida Caso falleció en medio del operativo que permitió el rescate de esos menores.

Al día siguiente, todos se enteraban de que una bala alcanzó a la niña cuando se encontraba junto a su madrastra en su propia casa ubicada en Ranrapata, Junín. Aquel 8 de setiembre se realizaba un operativo militar para rescatar a los niños “pioneritos”, menores adoctrinados por Sendero Luminoso. La versión oficial fue que la bala provino del fuego cruzado entre SL y el Ejército.

Lo cierto fue que alguien intentó ocultar el cuerpo de la pequeña Zoraida al arrojarlo a un barranco. Cierto también fue que la madrastra fue detenida, que los padres de la menor no eran senderistas, que los niños que cargaban Heredia y Jara tampoco eran “pioneritos”, que el gobierno ignoraba la muerte,  que el actual ministro de Trabajo calificó el operativo de “impecable", y que el caso se archivó el año pasado.